Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, aseguró que las investigaciones abarcarán por lo menos los últimos cinco años.
"A final de cuentas los delitos se configuraron ya y lo que queremos es que paguen lo que deben.
"Por un lado, bienvenidos quienes se regularicen, pero también queremos que haya recuperación, que suene la caja, sí de aquí para adelante, pero también de aquí para atrás", afirmó Romero Aranda en entrevista.
Con la entrada en vigor de la reforma en outsourcing, el pasado 24 de abril, añadió el Procurador Fiscal, muchas empresas se están regularizando y están contratando de forma directa a los trabajadores que tenían bajo ese esquema.
No obstante, el que se estén regularizando no las exime de que cubran con sus obligaciones, aseveró Romero Aranda.
"Lo que queremos es que sigan pagando; hay investigaciones que tenemos caminando, auditorías que estamos llevando a cabo y que a fin de cuentas nos darán vista y formularemos querellas.
"Si se va contra las factureras, difícilmente les encontraremos (recursos), lo que queremos es desactivar al grupo criminal, y donde le vamos a encontrar son con las empresas que estuvieron en outsourcing y que ya no están, pero con ellos queremos que paguen lo que deben", subrayó el Procurador Fiscal.
Sin mencionar nombres, Romero Aranda destacó que el grupo más grande de outsourcing ya está desactivado.
Se le bloquearon cuentas bancarias y el dueño de la empresa que ofrecía servicios de subcontratación tiene denuncias por lavado, comentó el funcionario federal.
Además, expresó, los 200 mil empleados que manejaba ya están siendo contratados por las empresas que eran sus clientes.
En febrero pasado, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, presidente de GIN Group, quien es considerado el "rey del outsourcing", aunque aún se encuentra prófugo.
Romero Aranda consideró que ya se están concretando los efectos de la reforma en materia de outsourcing porque las empresas ya empiezan a regularizarse antes de la entrada en vigor de las disposiciones fiscales en la materia.