CIUDAD DE MÉXICO.– “Estamos ante el terreno de lo inédito: nunca se había recuperado dinero”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 10 de febrero de 2020. Estaba por dar la palabra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para presentar la entrega de un cheque de 2 mil millones de pesos; cantidad rescatada, puesta a salvo, dijo, de un supuesto acto de corrupción.
Ni el mandatario ni el fiscal dijeron de dónde venía el dinero durante la conferencia mañanera de ese lunes. López Obrador fue quien inició los aplausos cuando apareció el cheque, minutos después lo tomó con la mano derecha, lo agitó y presumió con una sonrisa, mientras insistía en celebrar este resultado de la lucha anticorrupción.
En realidad, la FGR ni siquiera tenía los recursos cuando los presentó y el presidente López Obrador los presumió, según consta en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, de la que se desprende el monto supuestamente recuperado tras un acuerdo de reparación del daño.
El acuerdo finalmente se firmó a las 19:00 horas de ese 10 de febrero, doce horas después de la conferencia de prensa.
Gertz Manero y López Obrador tampoco explicaron bajo qué criterio legal es que podía entregar un cheque, todavía sin fondos, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Hoy sabemos que Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto en ese momento y quien recibió el cheque esa mañana, no pudo tocar ni un solo peso, o al menos no hasta que dejó el cargo en junio de 2020.
Y pasaría lo mismo con su sucesor. El 21 de septiembre de 2020, Jaime Cárdenas Gracia, quien siguió a Rodríguez Vargas como titular del Indep, renunció; y en una carta dirigida al presidente López Obrador comentó: “Queda pendiente conciliar la transferencia de los 2,000 millones de pesos que en febrero de 2020 se remitieron al Indep. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados”.
“A mí me van a madrear y me van a acabar, pero no me voy a doblar. Le pido a Dios todos los días fuerza y a mi familia que me comprenda, yo por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, voy a admitir haber hecho algo que no hice”, dijo en entrevista Rafael Zaga.
Del otro lado, los hermanos André y Max ElMann entregaron al gobierno mexicano los 2 mil millones de pesos que se presumieron en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, y que se obtuvieron a solicitud del fiscal Gertz Manero, para cerrar la investigación contra ellos por el presunto fraude al Infonavit y el vínculo con los Zaga a través de otros negocios.
Para formar parte del criterio de oportunidad que los librara de toda persecución, los ElMann se declararon culpables del cargo de recursos de procedencia ilícita, y los dos mil millones que entregaron estuvieron en un limbo legal por más de un año, ya que no había atribuciones para que el Infonavit y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), los recibieran.
Y aunque el mismo Infonavit denunció en 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) el caso TELRA, esa primera investigación no contempló un posible fraude cometido tras el pago de indemnización que autorizó el mismo Consejo de Administración del Instituto, el giro de la indagatoria y la persecución contra los empresarios inmobiliario comenzó con el cambio de administración en el gobierno federal.
El 20 de septiembre de 2018, justo en el periodo de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, la PGR incluso resolvió el ejercicio de no acción penal en la demanda que había presentado la dirección del Infonavit de David Penchyna.
La entonces PGR consideró que no existía quebranto patrimonial al Infonavit, argumentó que las autoridades del Instituto no solo sabían de los contratos y convenios con TELRA; sino que también habían sido ellos mismos quienes determinaron finalizar la relación contractual y pagar una indemnización.
Pero esa interpretación cambió por completo en enero de 2019, cuando un juez de control revocó esta decisión y reactivó el juicio. La actual Fiscalía General de la República, ya encabezada por Alejandro Gertz Manero, comenzó a investigar a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de TELRA, y ligaron a la indagatoria a los hermanos André, Max y Moises ElMann Arazi, por los negocios que compartían con los Zaga en el sector inmobiliario.
A partir de esta fecha, la FGR solicitó de manera sistemática al Infonavit documentos sobre el Programa de Movilidad Hipotecaria: contratos, actas del Consejo de Administración, justificaciones de compra, etcétera.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia indagaba, en ese momento, el posible ejercicio abusivo de funciones dentro del Infonavit, cometido por funcionarios y exfuncionarios que entregaron contratos y concesiones a TELRA.
Pero Alejandro Gertz decidió, primero, solicitar a Rafael Zaga la devolución de los recursos; y al negarse, se cambió por completo el rumbo de la investigación.
Esta no sería la primera vez que se haría una solicitud de dinero como medida de reparación y perdón por delitos investigados por la FGR.
El empresario Alonso Ancira, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), por ejemplo, tras estar meses preso acusado de presunta corrupción, obtuvo su libertad en abril del 2021 luego de comprometerse a pagar al gobierno mexicano 664 mil dólares.
Pero tras el rechazo de Rafael Zaga de regresar el monto de la indemnización, el 28 de enero del 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias tanto de los hermanos Zaga Tawill, como la de sus socios, los hermanos ElMann.
Aún cuando los ElMann no forman parte de la empresa TELRA Realty, ni suscribieron el contrato de movilidad hipotecaria con el Infonavit, se les vinculó en el caso porque la empresa de los Zaga Tawil los señaló como garantía de experiencia en el sector inmobiliario para asegurar el contrato, al poner de ejemplo de experiencia en el ramo otros negocios y sociedades que las familias poseen.
“Sus accionistas (de TELRA) forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas, formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas, y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son Moisés El-Mann Arazi, Rafael Zaga Tawil, André El-Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil”, señala una de las justificaciones de compra directa del Infonavit al proyecto de TELRA, como se explicó antes en este reportaje.
Además, conforme avanzó el trabajo de TELRA con el Infonavit, en algún momento también propusieron que serían los hermanos ElMann quienes manejarían el Programa Piloto de Regularización de Cartera del Régimen Especial de Amortización Vía Fideicomiso (Fideicomiso REA), desde donde se comprarían y venderían casas a través de los créditos del Infonavit.
Según la versión de Rafael Zaga, cuando se dio el congelamiento de cuentas por la indagatoria de FGR, los hermanos ElMann le pidieron que el pago de miles de millones de pesos que solicitó la fiscalía se hiciera a través de TELRA.
“Me llamo Max (ElMann) y me dijo ‘me está llamando esta persona, y ya se me puso cabrón. Yo digo que vamos a necesitar pagar entre 2 y 3 mil (millones), por favor, los ponemos nosotros pero tiene que ser a través de TELRA’”, contó Zaga en entrevista.
“Yo le dije claramente, y en uno de los chats se los digo, ni con tu dinero lo voy a hacer, conmigo no cuentan para nada (...) defiéndete cabrón, yo no voy a firmar ese documento, yo no voy a reconocer haber hecho algo ni aunque me des más dinero, eso no es un tema de dinero”.
El 29 de enero de 2020, un día después del congelamiento de cuentas, el abogado de los ElMann, Roberto Luis García González, ofreció ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la FGR un acuerdo reparatorio con el pago de 2 mil millones de pesos, y solicitó el ejercicio de no acción penal contra de los hermanos.
“(Los hermanos ElMann) niegan tener responsabilidad penal alguna en los hechos que originaron la carpeta de investigación en que se actúa”, dijo el abogado en comparecencia con la FGR en enero del 2020.
“Sin embargo, toda vez que la operación descrita en el antecedente del presente documento ha sido cuestionada por la Fiscalía General de la República, con la única finalidad de dar por concluida la controversia en Ia que se les relaciona, acceden voluntariamente al presente mecanismo alternativo de solución de controversias en los términos que se establecen en las cláusulas del presente acuerdo reparatorio”.
Se buscó a la famili ElMann para este reportaje, pero rechazaron dar su versión en entrevista.
El acuerdo donde los hermanos ElMann se comprometen al pago de 2 mil millones de pesos no tuvo la firma del actual director del Infonavit Carlos Martínez Velázquez, pero en abril de este año Infonavit sí recibió el dinero.
Se le preguntó al Infonavit por qué Martínez Velázquez no firmó el acuerdo, y pese a ello recibió los recursos. La respuesta: “la actual Administración del Infonavit no tiene ningún comentario al respecto”.
La danza de los dos mil millones
El día que el fiscal Gertz Manero entregó en la mañanera el cheque por 2 mil millones de pesos, en realidad entregó un cheque sin fondos.
Dos semanas antes, el 30 de enero del 2020, André ElMann emitió el cheque 57753683 de BBVA Bancomer por mil millones de pesos, mientras que Max ElMann realizó otro con número 84301695 de BBVA Bancomer por mil millones más; ambos cheques señalan al Infonavit como beneficiario.
Oscar Javier Priego Berezaluce, Coordinador General Jurídico del Infonavit, reconoció en un oficio el 6 de febrero de ese año haber recibido los cheques y se comprometió a entregarlos al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Sin embargo, el acuerdo reparatorio suscrito el 31 de enero con el que se entregan los cheques para exculpar a los ElMann y se desbloqueen sus cuentas, no obtuvo la firma de Carlos Martínez Velázquez, el titular del Infonavit.
Estos cheques no se cobraron y André y Max Elmann tuvieron que girar dos cheques nuevos por mil millones de pesos cada uno.
Entonces, el 10 de febrero del 2020, el abogado de los Elmann, Ricardo Contreras Gómez, entregó los cheques 0006089 y 0006090, también de BBVA, pero en lugar de poner como beneficiario al Infonavit, lo hizo a nombre de la Fiscalía General de la República.
Otro dato. Esto se concreto a las 19:00 horas de ese 10 de febrero, doce horas después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, según consta en el Oficio Número UEIDCSPCAJ-033/2020 que emitió la misma FGR.
Los recursos también fueron motivo de choque entre la Fiscalía y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado.
El 17 de febrero del 2020, la Fiscalía General de la República entregó en custodia al Indep, los 2 mil millones de pesos que pagaron los ElMann por segunda vez.
Sin embargo, el Indep solicitó dos semanas después, mediante un oficio, copia certificada del aseguramiento de los dos mil millones de pesos. Este documento no tuvo respuesta de la FGR.
Al no obtener respuesta, el Indep solicitó de nuevo copia certificada del aseguramiento el 2 de junio de ese año y, 27 días después, emitió un tercer oficio con la misma solicitud.
“En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento respecto de la cantidad de $2,000,000,000 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) que fue consignada al lnstituto para Devolver al Pueblo lo Robado para su custodia”, señala la respuesta de la Fiscalía emitida luego del tercer oficio.
Ahí, la Fiscalía aclaró que los cheques se emitieron de manera voluntaria por André y Max ElMann, con la finalidad de garantizar el pago de la reparación del daño en la carpeta de investigación en la que existía una indagatoria en su contra.
“Este Instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa”, respondió el Indep en un cuarto oficio el 27 de julio del 2020, volviendo a solicitar a la FGR los documentos necesarios para la recepción formal de los recursos.
El 5 de noviembre de 2021, el Infonavit respondió para esta investigación que: “en el transcurso del 2021, el Infonavit recibió los 2 mil millones de pesos por instrucciones de la Fiscalía General de la República por concepto de reparación de daño al ser reconocido como víctima en la carpeta de investigación”. Pero sobre la pregunta específica de cómo se decidió, bajó que acuerdo, que el monto se turnaran del Indep al Infonavit, respondió, de nuevo: “la actual Administración del Infonavit no tienen ningún comentario al respecto”.
Pero hay otro detalle del acuerdo que firmaron los ElMann y que permitió que 2 mil millones regresaran al Infonavit: en ningún momento informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que había una investigación en su contra o que sus cuentas habían sido bloqueadas, y mucho menos que pagaron una reparación ni el origen de esos recursos.
Esto, a pesar de que su empresa Fibra Uno cotiza en Bolsa.
Esto se confirma en el Oficio 211-1/110-40973-JFSG/2021, emitido el 25 de enero del 2021. La Directora General Adjunta de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que André, Max y Moussa ElMann Arazi “realizaron acciones contempladas en la fracción II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores”. Es decir, que omitieron notificar a la CNBV de información relevante acontecida.
Esa información fue la emisión de dos cheques de mil millones de pesos, cada uno, para apegarse a un criterio de oportunidad por una investigación abierta en su contra.
En teoría, se establecen de cinco a diez años de prisión a quienes oculten u omitan revelar información relevante a la CNBV.
La estrategia de Zaga: no pagar a FGR
Mientras los cheques de los ElMann pasaban del Infonavit a la FGR y al Indep, sin poder ser cobrados, los hermanos Zaga siguieron otra estrategia. Negados a entregar recursos a la Fiscalía, enfrentaron el congelamiento de cuentas con amparos.
En marzo de 2020, la Procuraduría Fiscal presentó dos querellas contra los hermanos Zaga. La primera, contra Rafael Zaga por supuesta defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos por conceptos de IVA e ISR, y la segunda contra Teófilo Zaga, por un supuesto fraude al fisco por 143.2 millones de pesos por los mismos conceptos.
Ese mismo mes, los Zaga recuperaron sus cuentas bancarias.
El Juzgado 14 en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a Rafael Zaga Tawil por el congelamiento de tres cuentas a su nombre, una más a nombre de The Technowise Group, S.A. de C.V. y dos más a nombre de TELRA Realty.
El juzgado 8 en materia administrativa de la Ciudad de México amparó en marzo de 2020 también a Teófilo Zaga Tawil para descongelar cuatro cuentas y tres tarjetas de crédito; y a ZATYS, S.A. de C.V. —empresa accionista de TELRA Realty y de la que a su vez Teófilo Zaga es accionista—, para que las cuentas no fuesen congeladas.
La Unidad de Inteligencia Financiera también denunció en marzo a los Zaga por lavado de dinero, y el SAT declaró ese mismo mes a las empresas TELRA Realty, Grupo Vicza e Hilvitex —las dos últimas de Teófilo Zaga—, por supuestamente emitir facturas por actividades inexistentes.
Dos meses después, la Fiscalía solicitó a un juez ordenar las aprehensiones de Rafael y Teófilo Zaga por defraudación fiscal, lo que el juez negó porque el delito no ameritaba prisión preventiva.
Un segundo intento de la Fiscalía llegaría la navidad del 2020.
El 25 de diciembre, Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró cinco órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivadas de una solicitud de las Fiscalía dos días antes.
Las órdenes fueron giradas en contra de Rafael Zaga Tawil, su hijo Elías Zaga Hanono y su hermano Teófilo Zaga Tawil, además del excoordinador jurídico del Infonavit, Alejandro Cerda Erdmann, y el exsecretario general y jurídico Omar Cedillo Villavicencio, quien firmó el contrato de transacción de recursos por la terminación anticipada del contrato con TELRA el 22 de agosto de 2017.
Zaga acusó que para que procediera el delito de delincuencia organizada, sumaron a su hijo Elías, quien había sido accionista de TELRA por solo unos meses.
El 6 de enero del 2021, la FGR detuvo a Alejandro Cerda Erdmann y Omar Cedillo Villavicencio, que fueron vinculados a proceso en el penal federal del Altiplano. Cerda Erdmann firmó una renuncia al Infonavit el 31 de octubre de 2019, pero el documento —que el propio Instituto entregó en respuesta a una solicitud de información— contiene una anotación a mano en la que afirma que “es un despido por así convenir al Instituto”.
Estas detenciones contrastan con que no existe ninguna sanción administrativa por parte del Infonavit en contra de estos funcionarios ni en contra de algún otro por el caso TELRA.
El Infonavit respondió para este reportaje que existen investigaciones penales y administrativas contra quien resulte responsable, “no contra personas específicas”; y que la actual administración del Instituto abrió una investigación que sigue en curso.
El 30 de abril del 2021, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Teófilo Zaga Tawill en Cuernavaca Morelos, quien tenía una orden de aprehensión en su contra desde el 25 de diciembre del año anterior.
Teófilo Zaga es accionista de Zatys S.A. de C.V., empresa accionista a su vez de TELRA Realty. Teófilo entró en esta empresa en sustitución de Elías Zaga Hanono.
Fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y se ordenó prisión preventiva oficiosa en el Altiplano, donde se encuentra recluido.
“Ilegalmente vinculó a proceso a mi hermano Teófilo Zaga Tawil (...) bajo la premisa de que el contrato de transacción y la indemnización pagada por el Infonavit para él (el juez) es irregular. Lo que el juez de consigna no puede cambiar es que existe un finiquito por la transacción que no ha sido impugnada civilmente por el Infonavit”, escribió Rafael Zaga en una carta pública el mismo mes de mayo a los miembros del Consejo de Administración del Infonavit.
Dos meses después, el 14 de julio de 2021, el Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México declaró inconstitucional la orden de aprehensión librada contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono.
“Frente a la inconstitucionalidad, se les concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se ordenó hacer extensiva la protección respecto de todas las autoridades señaladas en dichas sentencias”, señaló la familia Zaga en un boletín.
La resolución protege a padre e hijo de cualquier detención y obliga a la autoridad a reponer el procedimiento para determinar la culpabilidad de los Zaga.
A su vez, Alejandro Cerda Erdmann, excoordinador jurídico del Infonavit fue liberado en junio de este año del Altiplano, luego de estar medio año recluido por el caso.
Cerda accedió a un criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía para declarar en la investigación contra los Zaga.
Sobre todo este proceso ocurrido en el último año, Rafael Zaga dijo en entrevista que no está dispuesto a pagar algún acuerdo reparatorio del caso, sino que seguirá peleando en tribunales.
“Yo con mucha dignidad voy a asumir las consecuencias. Entregarle dinero al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado es saber que es lo robado, ¡Y yo no me robé nada! Y por ningún motivo voy a hacer a mis hijos hijos de ratero”.
El pasado 30 de septiembre del 2021, la defensa de Teófilo Zaga Tawil -quien sigue preso en el Altiplano- solicitó a la magistrada en materia penal del segundo circuito el Auto de No Vinculación a Proceso y ordenando la inmediata libertad de Teófilo Zaga, ya que, según el documento, han retrasado la vinculación a proceso, notificaciones, audiencias y la propia sentencia del empresario.
“El Poder Judicial de la Federación ha mostrado una actitud de absoluta indiferencia, de indolencia, cínicamente dilatoria y renuente en respetar los mínimos derechos fundamentales de mi defendido para obtener justicia en los tiempos que marca la ley”, señala la toca penal que solicita la liberación de Teófilo Zaga.
Sobre el proceso contra los Zaga, la FGR también rechazó dar una entrevista para este reportaje.
Conflicto entre familias
Mientras los hermanos ElMann pagaron al gobierno federal 2 mil millones de pesos y los Zaga huían de la persecución en su contra, comenzó un pleito entre las familias por esos recursos.
En sus declaraciones ministeriales ante la FGR, André y Max ElMann señalan la existencia del fideicomiso 366-2017 de Banco Ve Por Más, en el cual, otro de sus hermanos, Moisés ElMann, formó parte del comité técnico del fideicomiso.
Rafael Zaga señaló en entrevista que este fideicomiso sería utilizado para una inversión conjunta para la compra de propiedades en Estados Unidos, y donde el propio Zaga invirtió mil millones de pesos y los ElMann tendrían que poner mil millones más.
“Yo invertí en un fideicomiso que es mío y de ahí transferí a una inversión que íbamos a hacer en conjunto los Zaga y los ElMann y donde ellos iban a poner 50% y yo 50% para invertir en un portafolio en Estados Unidos”, señaló.
“Era un proyecto de 400 millones de dólares, y nosotros íbamos a poner el 25% y se pedía un crédito por el 75%. Eran 100 millones de dólares, 2 mil millones de pesos, yo pongo mil, ellos (los ElMann) ponen mil”.
Sin embargo, señala Zaga, los ElMann tomaron los mil millones que él había depositado en el fideicomiso para pagar parte del acuerdo reparatorio con la FGR.
“Yo soy dueño del 50% del fideicomiso de Estados Unidos, y ahorita ya no me quieren reconocer mi inversión, me la quieren chingar”, señaló Zaga.
El empresario dijo que otra inversión con los ElMann sería la de un hotel en Quintana Roo por 800 millones de pesos, de la que él pondría la mitad y los ElMann el otro 50% a través de otro apoderado, pero, acusó, los hermanos ya no invirtieron por las investigaciones de la FGR.
“Yo sigo poniendo en vez del 50, el 100% de nuestra inversión. El hotel está a mi nombre, nada más que no me dejan entrar, no me dan reportes”.
Por esos casos, Rafael Zaga interpuso una demanda contra los hermanos ElMann.