CIUDAD DE MÉXICO
El Ayuntamiento de Guanajuato pretende obtener recursos con la construcción de un "mega centro comercial", con un costo aproximado de 107.8 millones de pesos, cuyo atractivo principal será la exhibición de cuerpos momificados, lo cual fue criticado por académicos y la ciudadanía.
Pese a ya existir un Museo de las Momias, el reelecto Alcalde panista Alejandro Navarro contrató un crédito por 69.9 millones de pesos, a pagarse en 10 años, y proyecta tener un remanente 37.89 millones de pesos que se destinarían a la obra.
En el proyecto, avalado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, está explícito que la finalidad del nuevo museo será recaudar recursos con el costo del boleto -hasta ahora no definido- y el pago del estacionamiento. "Ante un nuevo Museo de las Momias se observa mayor disposición por pagar la entrada, tanto en turistas como visitantes actuales, así como genera interés el pagar un extra por salas temporales, lo que pudiera generar un ingreso extra al proyecto", se argumentó.
El plan causó el reclamo de activistas y políticos de la entidad, así como la desaprobación de expertos en museografía, por violar lineamientos del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) sobre cómo se deben exhibir restos o cadáveres humanos.
Carlos Arce, ex subsecretario federal y ex director de Profeco, criticó la forma en que el Ayuntamiento busca exhibir los cuerpos para un asunto mercantil y señaló la existencia de negocios de la familia de Navarro que aprovechan el tema de las momias. Indicó que la esposa del Alcalde, Samanta Smith, es propietaria de "Galerías de la Inquisición" y su suegro Guillermo Smith controla la "Casa de los Lamentos". Paloma Robles Lacayo, ex directora del Museo de las Momias (2015-2018) y regidora morenista del próximo Ayuntamiento, coincidió en señalar al Alcalde por beneficiarse de este rubro.
"En el 2018 el Museo de las Momias cobraba 60 pesos para adultos foráneos, cuando llega el 10 de octubre el Alcalde promovió un incremento a 85 pesos. Al incrementar, crea una ventaja comercial para negocios de su familia, donde casualmente se cobra la mitad de costo", afirmó en entrevista. Robles Lacayo, quien protestó el lunes afuera del Congreso, consideró que el proyecto es una decisión arbitraria, violatorio de la Ley General de Salud y cuyo presupuesto podría ser destinado a movilidad urbana, seguridad pública y mejoras ambientales.
"El proyecto no tiene ninguna relación con prioridades ciudadanas, y lleva al límite la mercantilización de los cuerpos al exhibirlos en un contexto comercial, con ese propósito de incrementar la recaudación para el Ayuntamiento", expresó. Ana Garduño, Doctora en Historia del Arte, consideró que la comunidad académica de Guanajuato debió ser consultada en el proyecto, el cual no ha sido presentado al ICOM, del cual ella forma parte. "Los bienes culturales heredados no son para usufructo de grupos empresariales o políticos, nuestro patrimonio no puede ser rehén de grupos así", expresó.
"Si se quiere invertir dinero en cultura, bienvenido, pero queremos asegurarnos que el dinero se invierta en lo que verdad se necesita, para qué crear un nuevo recinto que no ha sido consensuado con la comunidad académica local, ni especialistas nacionales. Para qué queremos un nuevo museo que obedezca directrices económicas y políticas".