WASHINGTON.
El gobierno estadounidense inició gestiones el lunes para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera, en una escalada importante de la batalla del presidente Donald Trump para frenar la cantidad de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.
Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur estadounidense.
La norma, que deberá entrar en vigencia el martes, se aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos.
Hay algunas excepciones: si alguien ha sido objeto de trata, si el país que atravesó el migrante no firmó uno de los tratados internacionales importantes que rigen la gestión de los refugiados (aunque la mayoría de los países occidentales los han firmado) o si un solicitante buscó protección en un país, pero se le negó, entonces dicha persona todavía podría solicitar asilo en Estados Unidos.
Pero la decisión del gobierno del presidente Trump está destinada principalmente a poner fin a las protecciones de asilo, como sucede ya en la frontera sur.
Es casi seguro que la política será apelada en tribunales. La ley estadounidense permite a los refugiados solicitar asilo cuando llegan al país, independientemente de cómo lo hayan hecho, pero existe una excepción para aquellos que han arribado a través de una nación considerada “segura”. Pero la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que rige la ley de asilo, es vaga sobre qué país es considerado “seguro”; solo dice que “en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral”.
El secretario de justicia William Barr dijo que la nueva medida es “un ejercicio legal de la autoridad” para reducir las solicitudes de asilo, agregando que Estados Unidos está “completamente abrumado” por la ola de migrantes que llegan a la frontera sur.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, declaró que la regla “ayudará a reducir un factor importante” en la migración irregular.
Por su parte, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) opinó que la medida es “evidentemente ilegal” y de entrar en vigor eliminaría efectivamente el asilo para aquellos en la frontera sur.