El gobernador Miguel Barbosa Huerta evadió hablar sobre el contrato que su administración firmó con el despacho del exsenador panista Roberto Gil Zuarth para diseñar una estrategia legal de intervención a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que se encuentra tomada desde hace siete meses.
En lugar de responder, el mandatario acusó a Proceso de estar a favor de los que desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins, incluso, sugirió que la revista había sido contratada para eso.
“La revista Proceso en todo este litigio que se ha dado por aclarar el desfalco del que fue objeto la Fundación Mary Street Jenkins y su patrimonio y como parte de su patrimonio, la UDLAP, ha jugado un papel de estar a favor de los que desfalcaron a la fundación de manera muy clara, no sé si estén actuando convencidos que esa es la parte legal del asunto o si están contratados, pero han sido muchas las declaraciones”, dijo en su rueda de prensa matutina.
Aseguró que el reportaje que publica la edición impresa de Proceso es “una bola de refritos acomodados para ponerse nuevamente de parte de los que desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins. Así de simple”.
El mandatario poblano, sin mencionar la firma de este contrato con Gil Zuarth, aseguró que su gobierno no es parte del litigio que se sigue en el caso de la UDLAP y que el caso está planteado ante tribunales, que serán los que tendrán que resolver el caso. “No el gobierno”, recalcó.
En respuesta a un comunicado que emitió el PAN el domingo en el que le pide, a raíz de la publicación de Proceso, que aclare la intervención que tiene el gobierno estatal en el conflicto, Barbosa dijo que no entraría en conflicto con la dirigente estatal de ese partido, Augusta Díaz de Rivera, a la que dijo “respetar mucho”.
VIGILA ACTIVIDAD
“Hay una Junta que vigila la actividad de las organizaciones de esta naturaleza y está haciendo su labor, nada más, lo demás son estrategias mediáticas y está perfectamente acreditado”, manifestó Barbosa.
El mandatario sostuvo que las instalaciones de la UDLAP están abiertas para que los estudiantes regresen a clases presenciales y aseguró que las denuncias de que el campus está cerrado y tomado por policías, sólo son mediáticas.
También, mencionó que fue en los gobiernos panistas cuando se permitió la salida de los 720 millones de dólares que eran parte del patrimonio de la FMSJ.