Avalan entre policías legislación a Moreira

Saltillo, Coah. En medio de una fuerte vigilancia de policías de Fuerza Coahuila, agentes del Ministerio Público, policías vestidos de civil y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Pleno del Congreso local aprobó ayer las iniciativas del Gobernador priista Rubén Moreira para crear el Sistema Estatal Anticorrupción. Por miedo a las protestas, las puertas del salón de pleno fueron cerradas y los ciudadanos debieron ocupar un espacio con 110 butacas en la planta alta, que fue sitiado por las fuerzas del orden. Aunque faltaron tres Diputados, entre ellos la Diputada del PRI, Verónica Martínez, quien además es dirigente estatal del partido, la iniciativa del Gobernador obtuvo 16 votos a favor y seis en contra, cuatro de Diputados panistas, uno de Primero Coahuila y uno de UDC. Alrededor de 100 integrantes de la Alianza Anticorrupción se manifestaron en la planta alta del salón del pleno, donde colgaron mantas con mensajes en contra de la ley “a modo” de Rubén Moreira, pero a medida de que transcurría la sesión, que duró más de seis horas, se fueron retirando. Al mismo tiempo fueron llegando simpatizantes y lideresas del PRI que terminaron por ocupar la mayoría de las butacas y espacios disponibles apoyados por personal de la Presidencia del Congreso. Las leyes aprobadas ayer crean el Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, que adquiere autonomía y de ésta dependerá la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Los Diputados de Oposición y el colectivo de 109 instituciones y organismos llamado Alianza Anticorrupción, argumentaron que las reformas no garantizan el fin de la impunidad y ponen en riesgo de evitar el verdadero combate a la corrupción. El Fiscal General, con duración de siete años, saldrá de una convocatoria pública, pero en caso de que el Congreso de Coahuila, con mayoría priista, no presente opciones, la ley le da al Gobernador Rubén Moreira, la facultad de nombrar uno, que será ratificado por el voto de dos terceras partes del Congreso. El Gobernador también designará a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que tendrán una duración de 15 años. “Una ley a modo”, dijo el Diputado panista Jesús de León, “a modo con Magistrados a 15 años para que los protejan y dar la posibilidad de que prescriban aquellas responsabilidades en materia administrativa en tan sólo siete años”. La ley ahora deberá ser aprobada por la mitad más uno de los 38 ayuntamientos del Estado, con lo cual podrá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y ser ley vigente.