JUCHTÁN, Oax.
El director y fundador del medio Pluma Digital Noticias cuenta que realizaba grabaciones de corte turístico y cultural, con el fin de cambiar un poco el giro de su portal, que se dedica a la información policiaca y denota roja desde hace 10 años. Como parte de su labor, ha denunciado varias agresiones de parte de grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec.
"Fui a grabar unas cascadas en Tlaxiaco y algunas personas se pusieron nerviosas al verme grabando y volando un dron", explica Santiago Martínez, cuyo ataque es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGEO) como intento de homicidio.
Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente con número CA/0035/(01)/OAX/2022.
Según cifras del organismo, de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2021 se iniciaron 288 investigaciones por violaciones a los derechos de periodistas en la entidad; de ese total, 35 se han abierto de 2020 a la fecha.
Los datos señalan que los casos más comunes son las amenazas, impedir el ejercicio periodístico, el hostigamiento, las agresiones físicas y los allanamientos de viviendas.
Las autoridades más denunciadas son las municipales, seguidas de la Fiscalía General de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO); mientras que los derechos más vulnerables son a la libertad de expresión, prensa y opinión, a la legalidad, a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica.
Además, de acuerdo con información de la defensoría, el intento de homicidio del periodista en su trayecto de la Mixteca al Istmo se enmarca en el patrón de ataques a comunicadores en la entidad, pues aunque las agresiones se concentran precisamente en la parte central del estado, con 56.2%, los asesinatos se dan mayormente al interior, en las regiones.
Al menos así ha sido documentado por la organización Artículo 19, que de 2012 a 2021 ha registrado el asesinato de 10 periodistas en regiones como la Costa, la Sierra Sur, la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec.
Entre las víctimas se incluye a corresponsales estatales, como Marcos Hernández Bautista, quien murió en enero de 2016; a reporteros de nota roja, como Alberto López, asesinado en junio de 2013, y Gustavo Sánchez, a quien mataron en junio de 2021, así como a locutores de radios comunitarias, como Salvador Olmos García y Agustín Pavia, ambos ultimados en 2016, en junio y septiembre.
"Los asesinatos de comunicadores se dan mayormente en regiones al interior del estado, en radios comunitarias, y las víctimas son periodistas que carecen de una relación laboral bien establecida con el medio para el cual trabajan, por lo que se encuentran en situación de vulnerabilidad", detalla el organismo autónomo.
En el caso de José Ignacio Santiago Martínez, contar con escoltas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue la diferencia que le salvó la vida.
El periodista detalla que tras sobrevolar su dron para tomar imágenes de la cascada, optó por retirarse de la comunidad ante la molestia y nerviosismo de algunos pobladores. Lo hizo con sus dos escoltas, que lo acompañan desde 2020, año en el que fue integrado al mecanismo, tras recibir amenazas del crimen organizado.
"Decido irme del pueblo, pero me esperaba un taxi color guinda con las luces apagadas. Cuando arrancamos nos empieza a seguir en todo el camino, pero al llegar a una gasolinera vimos que en el interior venían tres hombres con armas largas, fue allí que emprendimos la huida y nos siguieron", narra.
Sobre la carretera Yosonicaje-Tlaxiaco buscaron un atajo, pero se toparon de frente a los hombres armados, quienes intentaron cerrarles el paso, pero huyeron gracias a maniobras del chofer, no sin antes escuchar las ráfagas de disparos en contra del vehículo.
"La verdad fue gracias a la maniobra que logramos salir ilesos de la persecución y de las ráfagas. De allí no paramos hasta la ciudad de Juchitán", dice.
El ataque a José Ignacio ocurrió sólo unas horas después de que periodistas de todo el país protestaran por los asesinatos de tres reporteros en menos de 15 días; dos de ellos, en Tijuana, Baja California.