San Antonio, Tx.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció esta semana que los solicitantes de asilo perderán la posibilidad de que se les conceda refugio en caso de ser condenados de conducir en estado de ebriedad o de delitos relacionados con pandillas.
La regla, que entrará en vigor el 20 de noviembre, es la más reciente en una serie de medidas para dificultar la obtención de asilo en Estados Unidos.
La medida no tendrá un impacto inmediato debido a una prohibición temporal relacionada con la pandemia emitida en marzo, que señala que las personas que ingresen ilegalmente al país sean expulsadas de inmediato, por motivos de salud pública.
A pesar de que el asilo se niega desde hace tiempo a personas condenadas de “delitos particularmente graves”, la nueva regla añade una larga serie de crímenes como factor de descalificación, tales como: violencia doméstica —como delito grave o menor—, agresión, reingreso ilegal al país, robo de identidad, fraude de prestaciones públicas, tráfico de inmigrantes y conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.
Las reglas también negarían el asilo a personas condenadas por crímenes que un juez “sepa o tenga motivos para creer” que fueron cometidos a fin de apoyar a una pandilla callejera.
El dictamen, que se publicará en el Federal Register —el diario oficial— firmado por el secretario de Justicia William Barr, rechaza muchas de las críticas que ha recibido desde que fue propuesto en diciembre, incluyendo que la autoridad para declarar crímenes relacionados con pandillas era demasiado ambigua y propensa a errores.
El gobierno hizo caso omiso de las críticas de que conducir bajo el influjo del alcohol no era una ofensa suficientemente grave para merecer el rechazo automático de la solicitud de asilo.
Grupos activistas criticaron la medida.
“El gobierno está demostrando una crueldad innecesaria al establecer estos nuevos límites en un sistema de asilo que ya fue diezmado desde que Trump llegó a la presidencia”, dijo Heidi Altman, directora política del National Immigrant Justice Center.
INFORMAN
Sin localizar 545 padres de menores migrantes
Abogados de oficio dijeron que no han podido localizar a los padres de 545 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al inicio de la presidencia de Donald Trump.
Las separaciones ocurrieron entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando una juez federal en San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresasen con sus padres.
Los menores afectados por las separaciones en ese periodo son difíciles de encontrar porque el gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados. Voluntarios los han estado buscando tanto a ellos como a sus padres puerta a puerta en Guatemala y Honduras.
Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias en junio de 2018, cuando la juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw ordenó el final de la práctica incluida en la política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que entrasen al país de forma ilegal desde México.
El gobierno desató un protesta internacional cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos.
Aunque esas familias se reunieron por orden judicial, las autoridades descubrieron más tarde que hasta mil 556 menores se vieron afectados por esta práctica desde el verano de 2017, incluyendo cientos en una primera fase de separaciones en El Paso, Texas, desde julio a noviembre de 2017, de la que no se tenía constancia pública en ese momento.