Brasil anunció un nuevo plan de austeridad para intentar capear la crisis económica pero que arriesga aumentar la ira de la población contra la debilitada Presidenta Dilma Rousseff.
Anuncia Brasil nuevo plan anti crisis
Brasil anunció un nuevo plan de austeridad para intentar capear la crisis económica pero que arriesga aumentar la ira de la población contra la debilitada Presidenta Dilma Rousseff.
Sumergida en una recesión, la séptima economía global recortará en el gasto estatal, como dijo el Ministro de Hacienda Joaquim Levy, para evitar que grandes agencias de calificación sigan el camino de Standard and Poors y rebajen la nota de la deuda soberana de Brasil a la categoría especulativa.El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios, reducir mil empleos estatales y recortar gastos en construcción de infraestructura.También contempla recortes quirúrgicos en el sensible terreno de los programas sociales en vivienda y salud, la marca de fuego del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el poder hace 12 años) y uno de los pilares del boom brasileño que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.¿La meta? Pasar del actual déficit fiscal primario de 0.5 por ciento del PIB para 2016 que le hizo perder el sello de buen pagador a lograr un superávit de 0.7 por ciento, lo que implica conseguir 17 mil 030 millones de dólares más de los previstos inicialmente.Un valor total de 64 mil 900 millones (cerca de 17 mil 30 millones de dólares). Ese es el valor total de las iniciativas de corte de gasto y de aumento de recaudación, explicó el Ministro de Planificación, Nelson Barbosa, al anunciar las medidas en una rueda de prensa.Son reducciones importantes, que involucran a los funcionarios públicos de manera significativa, el funcionamiento de la máquina del Estado, precisó por su lado Levy.Pese a que Rousseff ya había ordenado cortar 21 mil 600 millones de dólares del presupuesto de este año, el panorama es oscuro.El propio Gobierno espera una contracción del PIB de 1.8 por ciento en 2015, según la última cifra actualizada este lunes, mientras el mercado es menos optimista: prevé una caída del PIB de 2.55 por ciento y que la recesión se arrastre durante todo el 2016.La crisis golpea en todos los frentes y derrumbó a un dígito la popularidad de la sucesora del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva apenas siete meses después de haber iniciado su segundo mandato.Acorralada por la recesión, el desempleo y la inflación crecientes, así como por las sospechas de corrupción que salpican a su partido y a su Gobierno por un festival de fraudes en la estatal Petrobras, Rousseff redujo progresivamente la meta de déficit fiscal hasta que este mes presentó al Congreso un presupuesto en rojo.Fue la gota que derramó el vaso para los mercados, que le retiraron la confianza.S&P quitó a Brasil el título de buen pagador, y el Gobierno teme que otras dos grandes agencias, Moodys y Fitch, sigan su camino.Una espada de DamoclesEn algo menos de un lustro, el país perdió la estrella que hizo que el mundo desarrollado lo mirara con fruición en 2010, cuando su economía creció 7.5 por ciento y se preparaba para ser sede del Mundial de fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, que se harán en la postal más famosa del país: Río de Janeiro.Pero el modelo basado en un consumo interno acelerado se fue agotando en simultáneo con la caída a tierra de los precios de las materias primas y la desaceleración de China, y la actividad se frenó. En los últimos cuatro años y medio, el país apenas creció.Acusada por sus críticos de haber perdido el rumbo, la Mandataria tiene una espada de Damocles sobre su cabeza: la amenaza de un juicio político que pueda urdirse en el Congreso, donde sus socios la han ido abandonando.Hoy en día, en las calles de Brasil se discute un eventual impeachment contra esta economista y ex guerrillera de 67 años en cualquier conversación política.Pero el camino hasta llegar a esta potencial situación es muy complejo: primero se debe constatar algún tipo de delito o improbidad, que no ha ocurrido, y luego la destitución debe ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios de la Cámara de Diputados, que tiene 513 integrantes.