WASHINGTON, DC.
La batalla legal de la Administración Trump para incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 aún no ha terminado.
El Presidente de Estados Unidos aseguró ayer que está valorando decretar, a través de una orden ejecutiva, la inclusión de la polémica pregunta.
Horas después, el Departamento de Justicia indicó que continuará buscando fundamentos jurídicos para conseguirlo, aunque no precisó las opciones con que cuenta.
La Suprema Corte falló en contra de la incorporación de la pregunta por considerar que la Administración no dio una razón adecuada para agregarla, pero dejó abierta la posibilidad a estudiar nuevos argumentos.
El Gobierno ya ha comenzado el proceso de impresión de los cuestionarios del censo sin la pregunta.
El interés de la Administración de agregar la cuestión de la ciudadanía por primera vez desde 1950 refleja la enorme importancia y posibles costos políticos del conteo, el cual sirve para determinar la asignación de bancas en la Cámara baja en la década siguiente y la distribución de fondos federales.
Refleja también el interés de Trump en reestructurar los distritos electorales.
Sin embargo, los propios expertos de la Oficina del Censo han dicho que una pregunta sobre la ciudadanía desalentaría a los migrantes de participar en el sondeo y resultaría en un conteo menos preciso que redistribuiría el dinero y el poder político, pasándolos de las ciudades encabezadas por los demócratas donde los migrantes tienden a agruparse hacia áreas rurales con más población blanca y donde los republicanos tienen una amplia base de seguidores.
"Es necesaria para el Congreso, para establecer los distritos", afirmó ayer el Presidente a los periodistas.
"¿Cuántas personas viven allí? ¿Son ciudadanos? ¿No son ciudadanos? Es necesaria por muchas razones".