Donna, TX.- El gobierno del presidente Joe Biden amenazó con emprender acciones jurídicas si el gobernador de Texas, Greg Abbott, no anula su orden de cerrar los refugios financiados con fondos federales que albergan a niños migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto.
En una carta obtenida por The Associated Press, Paul Rodriguez, abogado general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), informó al gobernador Abbott que, a pesar de que el estado emite las licencias para los albergues, el Congreso ha encargado a su agencia el cuidado de los niños que viajaron solos.
Advirtió a Abbott que no interfiriera con esas operaciones y dijo que el HHS pretende emprender acciones legales si el estado sigue adelante con el cierre de los albergues.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados “opera las 52 instalaciones con licencia estatal de Texas, que comprenden una porción significativa de toda la huella operativa de la ORR, y representan un componente indispensable del sistema federal de inmigración”, escribió Rodriguez en la carta enviada a Abbott y a otros dos funcionarios de Texas. La “proclama sería un ataque directo contra este sistema”.
La carta exhorta a Abbott a que clarifique a más tardar el 11 de junio si su proclama de la semana pasada abarca los 52 albergues que están autorizados por el estado, pero que están financiados con subvenciones federales. Argumenta que la ley federal estipula que estos niños migrantes “no constituyen una presencia ilegal” durante su estancia en Estados Unidos, desafiando la descripción de Abbott de estos niños como “inmigrantes ilegales”.
Más de la mitad de los niños migrantes que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense en instalaciones autorizadas están en Texas. El último censo tomado el 19 de mayo mostró que 4.223 niños están en esas instalaciones, de los aproximadamente 7.000 que están en toda la red de albergues autorizados.
Los expertos y defensores de derechos de los migrantes señalaron que cerrar esos albergues podría afectar gravemente el programa para niños que viajaron sin compañía de un adulto, que ya enfrenta problemas de capacidad, lo que ha obligado al gobierno a abrir una decena de sitios de emergencia para procesar a miles de menores.
El gobierno de Biden ha trabajado para acelerar las transferencias de la Patrulla Fronteriza a la custodia del HHS, y la entrega de los niños a sus familiares que se encuentren en Estados Unidos. En el último mes, el HHS ha disminuido el número de niños en refugios o en sitios de emergencia luego de entregar más menores a sus familias.
Sin embargo, hasta el domingo, había cerca de 16.000 niños bajo custodia del HHS, y el gobierno federal ha batallado para aumentar el número de camas en los albergues autorizados, que son los predilectos de los defensores de los migrantes.
EL ESTADO DISCRIMINARÍA A PROVEEDORES
La carta señala que el estado discriminaría a los proveedores que tienen subvenciones del gobierno federal para operar esos refugios. Ello violaría la doctrina de la inmunidad intergubernamental, que impide que el estado interfiera con las actividades federales, y la Cláusula de Supremacía, que establece que la ley federal tiene primacía sobre las leyes estatales o locales.
La orden de retirar las licencias de los albergues forma parte de una declaración de desastre emitida por Abbott la semana pasada, en la que alegó que el gobierno federal no puede obligar a Texas a seguir emitiendo licencias estatales en respuesta a un problema federal. La proclama fue una acción sumamente inusual por parte del gobernador que se produce en medio de críticas por el número récord de cruces fronterizos en los últimos meses.
Más recientemente, Abbott señaló que los policías estatales empezarán a arrestar a los migrantes en la frontera, y prometió que realizaría un anuncio en los próximos días.
La carta enviada el lunes estaba dirigida a Abbott, al subsecretario de Estado de Texas, Jose Esparza, y a la comisionada ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Texas, Cecil Erwin Young.
La proclama fue una acción sumamente inusual por parte del gobernador.