Advierten ilegalidad en deuda de Colima

El Congreso y el Gobernador de Colima, Mario Anguiano, violaron la Constitución al aprobar la contratación de una nueva deuda por mil 728 millones de pesos.

Cd. de MéxicoAsí lo denunció el senador Mario Delgado, integrante de la Comisión de Hacienda, quien recordó que la Carta Magna prohíbe contratar créditos tres meses antes de que concluya la Administración.Desde mayo de 2015 la Constitución señala en el artículo 117 que se prohíbe expresamente la contratación de deuda pública tres meses antes del cambio de Gobierno, dijo.El Gobierno de Anguiano va a terminar el último día de octubre; es decir, estamos a menos de 40 días de que finalice este Gobierno y han hecho esta contratación violando flagrantemente la Constitución.El pasado lunes, diputados locales del PRI y PAN aprobaron un nuevo endeudamiento por mil 728 millones de pesos, de los cuales, menos del 10 por ciento será destinado a obra pública y todo lo demás es para refinanciamiento.Apenas en el mes de agosto pasado la calificadora Fitch había determinado que las finanzas del Estado estaban prácticamente quebradas, dijo que estaban en default, es decir, ya no podía pagar el Estado de Colima con sus obligaciones, recordó.Ante esto, lo que hace el Gobernador es contratar un crédito con Interacciones para poder sacar adelante los créditos vencidos que tenía. La nueva deuda fue aprobada en fast track por parte de diputados del PAN y del PRI.Delgado anunció que buscará interponer una acción de inconstitucionalidad para evitar que Colima se sume a la lista negra de los estados que comprometen los recursos de las siguientes generaciones.El Gobernador y el Congreso local están violando la Constitución y vamos a evitarlo aquí, en el Congreso, mediante una acción de inconstitucionalidad que vamos a someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó tras explicar que iniciará de inmediato con la recolección de las 43 firmas de senadores que se requieren para impugnar la decisión.El legislador exhortó al Gobernador a que no realice ninguna contratación y espere a que los ministros resuelvan sobre la legalidad de esa decisión.El senador del PRD detalló que el Congreso autorizó el refinanciamiento de 638 millones de pesos que la Administración saliente se gastó y la contratación de deuda adicional por mil 90 millones de pesos.Es un claro ejemplo de cómo los estados utilizan deuda de corto plazo para comprometer recursos y elevar su gasto operacional, dejando de lado la inversión pública productiva, denunció en conferencia.