McAllen, Tx.
Un auditor del gobierno no empleó a profesionales médicos cuando su oficina exoneró a agentes de la Patrulla Fronteriza de haber actuado con negligencia en la muerte de dos niños guatemaltecos de 7 y 8 años.
Joseph Cuffari, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés), testificó ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre la muerte de Jakelin Caal, de 7 años, y de Felipe Gómez Alonzo, de 8 años. Ambos menores fallecieron en diciembre de 2018 después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza.
Caal murió de una infección bacteriana que rápidamente le provocó septicemia e insuficiencia orgánica. Gómez Alonzo enfermó de influenza, que evolucionó a una infección progresiva y rápida.
En ambos casos, los niños estuvieron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, enfermos por varias horas antes de ser trasladados a hospitales. Activistas han acusado a esa agencia de negligencia y afirman que el gobierno del presidente Donald Trump no ha hecho lo suficiente para proteger a las familias de los inmigrantes. La Patrulla Fronteriza se ha defendido acerca de la calidad del cuidado que les brinda a los inmigrantes, incluyendo múltiples rescates de personas que han intentado cruzar la frontera, y aseguró que sus agentes llevaron a los niños a hospitales lo más pronto posible.
El padre de Jakelin firmó un formato en inglés poco después de que fueron detenidos, en el que declaró que la niña gozaba de buena salud. Sin embargo, el idioma nativo de ambos es la lengua indígena q’eqchi’.
Los decesos ocurrieron justo cuando varias de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza estaban hacinadas de padres e hijos durante un incremento en el número de cruces fronterizos. Actualmente, dichas instalaciones están prácticamente vacías durante la pandemia del coronavirus, debido a que el gobierno federal estadounidense está expulsando casi de inmediato a todas las personas que sean detenidas cruzando la frontera, incluyendo a por lo menos 2,000 menores de edad.
La oficina de Cuffari “no encontró conducta indebida ni irregularidades por parte del personal del DHS” en ninguno de los dos casos. Ante una pregunta del representante demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión, el funcionario reconoció que su oficina no había contratado a ningún profesional de la salud para las revisiones, pero aseguró que lo hará en futuros casos.
Jakelin y Felipe son dos de los al menos seis niños inmigrantes que se sabe han fallecido luego de ser detenidos por agentes del gobierno desde agosto de 2018. Un tercer menor, Carlos Hernández Vásquez, de 16 años, también murió luego de enfermar de influenza, y se le encontró inconsciente dentro de una celda de la Patrulla Fronteriza horas antes de morir.
Sus decesos generaron indignación a nivel nacional y desencadenaron varias investigaciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) emitió nuevas directrices sobre la atención médica y sobre las notificaciones al Congreso y el público en general sobre decesos.
Pero meses después de sus muertes, surgieron varios reportes de niños encerrados en celdas dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, donde permanecían resguardados con alimentos, agua y limpieza inadecuados. En esa época la CBP declaró que se encontraba en “crisis” y requería de fondos.
Desde entonces, el Congreso ha aprobado 4,600 millones de dólares en fondos de emergencia destinados a mejorar las condiciones en la frontera. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) descubrió el mes pasado que la CBP malgastó parte de los fondos destinados a la atención médica en comprar vehículos todo terreno, botes y un programa de perros policía.
Un nuevo reporte de la GAO difundido el miércoles reveló que la CBP no ha “implementado consistentemente políticas y procedimientos reforzados de atención médica” ni cuenta con información confiable sobre los decesos o lesiones graves de personas a las que custodia.
En un comunicado, la CBP dijo que “un porcentaje muy pequeño” de sus gastos se catalogó incorrectamente y que trabajaba para corregir cualquier anomalía.
“La CBP toma muy en serio su papel de proporcionar cuidados y garantizar la salud, seguridad y bienestar de todos los niños y adultos en su custodia”, declaró la agencia.
Meses después de sus muertes, surgieron varios reportes de niños encerrados en celdas dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas.