Acusa Yarrington a la PGR de ‘cacería’. Contraataca desde Italia

Por Irene Savio Florencia / Proceso Después de ser acorralado por las acusaciones en su contra e inmerso en un procedimiento de extradición en Italia, cuyo resultado es aún difícil de prever, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se está defendiendo de esta manera: contraatacando. “En 2012 se ha utilizado a la Procuraduría para perseguir a adversarios políticos”, acusa. Los señalamientos se desprenden de la declaración escrita de su puño y letra que fue leída este martes 18 ante el Tribunal de Apelaciones de Florencia, según una copia del escrito que Apro obtuvo en exclusiva. “Tengo respeto y plena confianza en la justicia italiana”, señala el exgobernador, capturado el pasado 9 de abril y desde entonces recluido en la cárcel de Solliciano de Florencia. “Soy inocente de todos y cada uno de los cargos que se me imputan”, revira. “Mis abogados han presentado más de 100 argumentos que respaldan mi afirmación”, advierte y reitera que las acusaciones en su contra tienen “una motivación político-electoral”, y que desde 2012 “se ha utilizado a la Procuraduría para perseguir a adversarios políticos”, sin precisar si se trata de la PGR o de la Procuraduría de Tamaulipas, así como sin dar nombres de los supuestos responsables de su persecución. En el escrito, Yarrington revela que, “con la convicción de mi inocencia”, presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dice estar “en espera de su resolución”. “(Han sido) años de gran sufrimiento para mi familia”, se queja Yarrington. “Este juicio de extradición, apegado a derecho, es el primer paso para demostrar mi inocencia y restablecer mi buen nombre y recuperar la tranquilidad y bienestar de mi familia”, insiste. “Sólo es el comienzo” De cara a la próxima audiencia en Florencia programada para el 21 de septiembre, su abogado en Italia, Luca Marafioti, adelanta: “Estamos sólo en el comienzo. Ahondaremos en detalles en las próximas audiencias. Tenemos mucha información”. “Hay que recordar, por ejemplo, que Tomás Yarrington creó una base de datos sobre el crimen organizado. Y que los cárteles lo amenazaron de muerte. Pero, a ver, ¿quién recibe amenazas de muerte de sus amigos?”, busca justificar Marafioti. “Todo esto lo aclararemos, si nos quieren escuchar”, puntualiza. “Él tiene ejemplos. Esto lo diremos, lo diremos… Las presuntas pruebas (en su contra) son falsas (…) En México hay mucha confusión entre política y justicia”, añade. En entrevista con Apro, Marafioti no quiso ahondar en las pruebas que estarían en sus manos y que permitirían cotejar la veracidad de las afirmaciones de Yarrington. Únicamente acota que parte del material ha sido incluido en el sumario enviado por la defensa al Tribunal de Apelaciones de Florencia. “No podemos revelar todo lo que tenemos, perjudicaríamos a nuestro cliente […] Pero entre 2009 y 2012, durante el gobierno de (Felipe) Calderón, fueron investigadas muchas personas de PRI y PRD, y las pruebas se revelaron no consistentes, las acusaciones se cayeron”, tercia por su parte Laura Innocenti, quien también forma parte del equipo de abogados italianos de Yarrington. “Este es el caso de tres generales, de varios alcaldes de Michoacán. Por eso nosotros decimos que esto se debe evaluar, pues la indagación (contra Yarrington) nace en el mismo sustrato”, señala Innocenti, quien también se niega a dar más detalles. Con todo, ni abogados ni Yarrington se han referido de momento directamente a Marisela Morales, quien en 2012 estaba a cargo de la PGR y que de 2013 a la fecha es cónsul en Milán, según consta en la página en línea de la representación diplomática. Sin embargo, fue precisamente en agosto de ese año cuando la entonces procuradora emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario tamaulipeco Esta corresponsal intentó en las pasadas semanas contactar a Morales a través de dos correos electrónicos, sin que hasta le fecha reciba respuesta. “No” al arresto domiciliario En este escenario, el fiscal general de Florencia, Marcello Viola, se opone a que se conceda a Yarrington el arresto domiciliario, tal como lo solicitaron el martes 18 los abogados de la defensa. “Quien debe tomar la decisión es el tribunal, pero nosotros ya les hemos hecho saber que nos oponemos rotundamente a que obtenga el arresto domiciliario”, dijo Viola a Apro. “Desde nuestro punto de vista, debe permanecer en prisión. Eso que sea claro”, sentenció. De igual manera, fuentes judiciales confirmaron a Apro que el gobierno de México integró la solicitud de extradición con una nueva acusación: lavado de dinero, la cual se suma a la de delitos relacionados con el narcotráfico. Las mismas fuentes dijeron que México no añadió el delito de corrupción en su petición de extradición a pesar de una recomendación que le hizo la Procuraduría General de Florencia.