PANTELHÓ, Chis.
Luego de la irrupción, el 7 de julio pasado, del grupo de autodefensas El Machete y tras las explosiones de bombas instaladas por el grupo armado de los Herrera en este entorno, miles de hombres, mujeres y niños –la mayoría de ellos ladinos o caxlanes– se refugiaron en municipios aledaños donde sobreviven como desplazados.
Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército tomaron Pantelhó, por lo que algunas familias empezaron a retornar. Pero el 26 y 27 de julio miles de indígenas de las diversas comunidades, así como bases de apoyo de las autodefensas, irrumpieron en la zona, donde quemaron casas y negocios de personas vinculadas a los Herrera, así como lo que llaman el “narcoayuntamiento”. Y hasta el cierre de edición tenían el pueblo bajo su control.
Tsotsiles y tzeltales de muchas de las más de 80 comunidades no sólo tomaron la sede del gobierno municipal, también instalaron retenes en los accesos al pueblo, ante la mirada atónita de la Guardia Nacional y las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se replegaron para evitar un choque con los encapuchados armados con palos y machetes.
Al menos 21 personas fueron sacadas de forma violenta de sus domicilios, expuestos al escarnio en la plaza pública, amarrados y llevados a una comunidad de las montañas de Pantelhó donde permanecen retenidos; algunos refieren que se los llevaron a San José Buenavista Tercero, bastión de las autodefensas.
Las casas de Austreberto Herrera y sus hijos Rubén Estanislao y Dayli de los Santos Herrera Gutiérrez fueron las primeras en arder; luego la de la alcaldesa Deli Yaneth Velasco Flores y su esposo, Raquel Trujillo Morales.
Los indígenas manifestaron en público tener el control de Pantelhó y advirtieron que no quieren ahí “al grupo criminal de los Herrera y sus sicarios”, y formaron una comisión de 20 personas de diversas comunidades de católicos y no católicos, encabezados por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, para mediar con las autoridades estatal y federal.
El conflicto, dijeron, no es entre indígenas y mestizos, sino contra los Herrera y el “narcoayuntamiento” perredista, por lo que pidieron a todos los pobladores regresar a sus casas y sus negocios. No obstante algunos viven atemorizados, fuera de sus propiedades, muchas de las cuales fueron saqueadas y quemadas, sobre todo las de los enemigos de las autodefensas.
Muchas personas inocentes han quedado atrapadas en un fuego cruzado. Hoy, hombres, mujeres y niños se encuentran en albergues temporales en los municipios vecinos; algunos se desplazaron incluso a San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez para huir de la violencia.