AMLO acoge al gobernador panista de Nayarit, pese a críticas a su gestión

Durante una visita a esta ciudad el pasado domingo 12 de septiembre, una semana antes del final de la administración estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de invitar a colaborar en su gobierno al mandatario saliente, el panista Antonio Echevarría García.

Hace poco más de cuatro años, sin embargo, López Obrador no se expresaba en los mismos términos de Echevarría García —entonces candidato a la gubernatura— y del padre de éste, el exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, ambos propietarios del grupo Álica, el corporativo empresarial más poderoso del estado.

“Su papá fue gobernador y ahora quiere dejar al junior de gobernador; si Nayarit no es un rancho, no tiene dueño, es del pueblo de Nayarit, no de caciques corruptos”, espetó AMLO el 28 de mayo de 2017 en el cierre de campaña de Morena, adonde acudió como dirigente nacional de ese partido.

Advirtió: “Los nayaritas van a quedar muy mal, y ‘toco madera’, si gana el hijo de Echevarría, pero ese es el reto que tienen; imagínense, van a ser el hazmerreír… no vayan a cometer ese error garrafal”.

Pero Echevarría García ganó sin problemas la gubernatura, la que asumió el 19 de septiembre de 2017, para un periodo de cuatro años por única vez, con el propósito de empatar los tiempos con la elección federal intermedia.

En abril de 2018, cuando López Obrador realizaba campaña por la Presidencia de la República, el exgobernador Echevarría Domínguez le cobró el agravio del año previo, al declarar ante la prensa local que al tabasqueño lo seguía la gente pobre e ignorante: “Tenemos casi 60 millones de pobres y 40 millones de ignorantes, y son a los que les habla Andrés Manuel y oyen bonito”.

Tras considerar que la elección se definiría entre López Obrador y el panista Ricardo Anaya, Echevarría padre dijo esperar que el sufragio fuera razonado y no se inclinara por un candidato populista, sino por quien tuviese la mejor preparación para sacar adelante al país.

No pasó mucho tiempo para que aparecieran señales de una alianza política entre el presidente y el grupo de los Echevarría. En la primera semana de diciembre de 2018, AMLO acudió a un evento con damnificados del huracán Willa en el municipio de Tuxpan.

Ahí, el gobernador Echevarría se mostró ante el mandatario federal “absolutamente de acuerdo con su proyecto político de Estado”, y le expresó que “los nayaritas tenemos fe y estamos esperanzados con su gobierno”.

Añadió: “Queremos pedirle, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que sea el padrino benefactor de la reconstrucción de los municipios afectados”, y cerró lanzando “vivas” al jefe del Ejecutivo.

A mediados de marzo de 2019, Echevarría Domínguez, padre del mandatario estatal, cambió su discurso sobre AMLO al ensalzarlo por tener “el valor de enfrentar de frente a la corrupción y a la impunidad, a los que han saqueado Pemex: “Tuvo el valor de rescatar a Pemex, que es propiedad de los mexicanos; siempre nos han dicho eso y nadie se había atrevido a meterse al meollo del asunto como lo hizo Andrés Manuel, por eso mi reconocimiento”.

Dos meses después, el 12 de mayo de 2019, en una visita al municipio de Bahía de Banderas, el presidente expresó sobre Echevarría García:

“Podría decir que, de los principales, de los más importantes gobernadores de México, es el gobernador de Nayarit, porque trabaja de manera coordinada con nosotros; estamos así, miren: trabajando unidos”.

Esa unidad se consolidó más de un año después, cuando en el marco del enfrentamiento de López Obrador con varios mandatarios, Echevarría García le brindó abiertamente su respaldo político en una conferencia “mañanera” realizada en Tepic: “Convoco a mis colegas y amigos gobernadores a que trabajemos todos en equipo con el gobierno federal para que así todas y todos los mexicanos tengamos el México que queremos y merecemos”.

Y apenas en junio pasado, dos semanas después de la elección, al responder una pregunta sobre el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, AMLO no se contuvo y aprovechó la ocasión para deslizar su opinión en el sentido de que Echevarría ha hecho “buen gobierno”.

No obstante, la mayoría de los nayaritas discrepa del punto de vista de López Obrador en torno al desempeño del gobernador saliente, quien en la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky aparece entre los cinco mandatarios peor evaluados del país, con apenas 36.8 por ciento de aprobación.

Cuando asumió la gubernatura de la entidad, Echevarría García denunció que había recibido de su antecesor, Roberto Sandoval Castañeda, “un estado endeudado, sumido en una profunda crisis económica producto de un irresponsable manejo financiero y una escandalosa corrupción en prácticamente todas las áreas del gobierno estatal”.

Y en su Plan Estatal de Desarrollo propuso el “control de la deuda pública” a través de “una política responsable de disciplina financiera durante los dos primeros años de gobierno”.

Cuatro años después, al concluir su gobierno, en lugar de reducir la deuda, el mandatario entrega la administración con un pasivo casi 20 por ciento superior al que recibió a su llegada.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que Antonio Echevarría, quien accedió al cargo postulado por la alianza PAN-PRD-PT-PRS, heredó en 2017 del exgobernador Sandoval una deuda pública de 4 mil 732.9 millones de pesos, cuyo monto hasta el primer trimestre de 2021 fue incrementado a 5 mil 656.7 millones de pesos.

El mandatario saliente, quien durante el último año tuvo problemas inclusive para cubrir la nómina de los burócratas, deja a su sucesor, Navarro Quintero, un estado “quebrado financieramente”, considera el exdiputado federal Rodrigo González Barrios.

En noviembre de 2020, ante los primeros conflictos por el atraso en los pagos de salarios, el gobernador reconoció públicamente la complicada situación financiera, atribuida a la “multimillonaria deuda” de la que responsabilizó a los exgobernadores priistas Ney González Sánchez y Roberto Sandoval.

Al primero, Echevarría lo señaló por haber endeudado al gobierno estatal en las instituciones financieras por más de cinco mil millones de pesos, en tanto que al segundo por dejar de pagar obligaciones como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuotas del Infonavit y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de burócratas y maestros, entre otras omisiones, lo que “aumentó la deuda a ocho mil millones de pesos” al cierre del gobierno de Sandoval.

El morenista Miguel Ángel Navarro, quien asume la gubernatura este 19 de septiembre, ha evidenciado que Echevarría hizo crecer aún más los pasivos, a cerca de 10 mil millones de pesos —herencia del nuevo mandatario—, incluidos créditos bancarios, pagos no cubiertos a proveedores, participaciones federales adelantadas y otras obligaciones incumplidas.

Rodrigo González señala que, cuando en 2017 Antonio Echevarría llegó al gobierno estatal, se generó la expectativa de que, por ser empresario, solucionaría la difícil situación financiera del estado, pero “no la resolvió y es un problema que arrastrará el nuevo gobierno que va a llegar”.

Perseguir a manifestantes

El 1 de octubre pasado, una de las primeras veces que el gobierno retrasó el pago de salarios, trabajadores sindicalizados protestaron ante la refresquera Coca-Cola, una de las marcas que maneja la familia del gobernador.

A la mañana siguiente fue detenido José Antonio Bautista Crespo, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Nayarit, acusado por la empresa de allanamiento de establecimiento mercantil y apología del delito.

Después de permanecer 14 días en prisión, el líder sindical salió bajo fianza debido a su situación de salud, pero hasta la fecha el juicio no ha concluido.

Bautista dice a Proceso que su caso fue tramitado con inusitada rapidez, pues en cuestión de horas fue presentada la denuncia, se integró la carpeta de investigación, y se solicitó, se dictó y ejecutó la orden de aprehensión.

Acepta que en la protesta los manifestantes se adentraron un metro en las instalaciones de la empresa, pero “no se obstruyeron actividades”, por lo que califica la denuncia como “una reacción desmedida” de familiares y socios del mandatario, a cuyo gobierno califica como “totalmente intolerante”.

Ahonda la crisis financiera

Según Bautista, desde 2019 el gobierno adeuda a burócratas el pago de 14 prestaciones laborales, por un total de poco más de mil millones de pesos, además de que cerca de 600 trabajadores esperan su jubilación, algunos ya con 35 ó 40 años de servicio, pero no se les ha autorizado ese derecho.

A finales de 2020, el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, expuso que la problemática financiera tiene origen en la deuda heredada de gobiernos anteriores y la baja recaudación local, pero también en el hecho de que este gobierno ha vivido situaciones extraordinarias como los daños causados por el huracán Willa en 2018 y la pandemia del covid-19, que obligaron a la administración a hacer uso de distintos recursos.

De acuerdo con Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Antonio Echevarría —quien llegó al poder sin experiencia previa en algún cargo público— fue gobernador “más por linaje familiar que porque realmente le interesara el puesto; no necesariamente tenía un interés republicano por hacer algo, sino por tener en su currículum haber sido gobernador del estado; no se vio que tuviera mucha pasión por el gobierno; más que gobernar, administró”.

A juicio de la académica, Echevarría intentó hacer un gobierno estilo empresarial, pero la tarea de gobernar la delegó en el secretario general de Gobierno, quien en el proceso electoral le manejó la campaña política.

En entrevista, Lourdes Pacheco señala que el gobierno saliente no atendió la Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida prácticamente desde sus inicios, los feminicidios no se investigan con perspectiva de género, ni existe sensibilidad hacia los pueblos indígenas, a los que se pretende colonizar y educar con políticas similares a las de los años 40 del siglo pasado.

Por otra parte, reconoce Pacheco, “aumentó la seguridad, no hubo balaceras durante este gobierno, aunque eso podemos interpretarlo de diversas maneras”, además de que se agilizó la búsqueda de fosas clandestinas y se establecieron canales con familiares de personas desaparecidas.

En los temas de inseguridad y la violencia, “si comparamos este gobierno con los sexenios anteriores, sale positivo; la sensación de parte de la gente es que al menos no hubo escándalos como con Roberto Sandoval y Ney González”.

Rodrigo González Barrios, impulsor y vocero de la Comisión Ciudadana de la Verdad —cuyas denuncias han llevado a la cárcel al propio exgobernador Roberto Sandoval y a algunos de sus allegados por casos de corrupción y violación de los derechos humanos—, reconoce que actualmente “en seguridad y justicia los datos no son malos para Nayarit, la Fiscalía y los juzgadores del estado están actuando, se está favoreciendo a las víctimas”.

En contraste, Echevarría “falló en lo financiero, nos deja una deuda enorme y recuperarse será difícil; para sacar adelante a Nayarit se requerirá que el próximo gobierno sea muy eficiente, que realice una reingeniería financiera y aplique estrictamente el Estado de derecho para que lleguen inversiones”.

A juicio de Rodrigo González, el gobernador que se va “no tuvo idea de las cosas, no gobernó ni cumplió las expectativas; la idea de la población es que hubo desgobierno aquí en Nayarit en estos cuatro años”.