Irán ante Corte por ‘Casa Blanca’
Febrero 05, 2015 -
Tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la petición de información sobre la declaración patrimonial de Angélica Rivera, el abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez, director de Artículo 19, acudirán ante la Corte para conocer la verdad sobre la compra del inmueble en las Lomas.
Pérez de Acha dijo que en contra de la respuesta del SAT, prevén acudir al juicio de amparo para el esclarecimiento del tema.
“Necesitamos efectividad en el combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte; insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble, como un asunto de transparencia y legalidad en torno a la familia presidencial y a funcionarios del Gobierno federal”, indicó.
“Existen fundadas sospechas de estar frente a un conflicto de interés que ahora se pretende esclarecer mediante una institución como la Función Pública, que al formar parte del propio Poder Ejecutivo, no se percibe que cuente con la imparcialidad necesaria para investigar al Presidente que es quien le asigna esta encomienda, ni al Secretario de Hacienda que presupuesta los recursos con los que desempeña sus funciones”, consideró el abogado.
El SAT determinó que no es autoridad competente para atender la solicitud de información presentada el 15 de diciembre del 2014 para conocer la veracidad de la declaración patrimonial de Angélica Rivera, que ella misma publicó en su página de internet.
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En su respuesta, la dependencia dijo que no le corresponde atender la solicitud planteada, señalando que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes.
“La respuesta por parte del SAT nos sorprende. Presentamos la solicitud de información ante esta dependencia porque es la única instancia que cuenta con todos los elementos para haber aclarado las dudas sobre el tema. Esta contestación puede interpretarse de dos formas: no valida la información porque no la tiene, es decir, lo expuesto por la señora Rivera no se documentó ante Hacienda, o bien, no existe disposición a transparentar información de interés público”, señaló el abogado.
También destacó que la respuesta presenta dos anomalías legales: se encuentra firmada por María Yolanda Mata Vallado, administradora central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, siendo que la Constitución exige que debe responderla el funcionario a quien le fue dirigida, en este caso el Jefe del SAT, Aristóteles Núñez.
Además, por criterio jurisprudencial, la incompetencia de la autoridad no es suficiente para dejar insatisfecho el derecho de petición que ejercite un ciudadano.
“Si otra es la autoridad competente, la que se declare incompetente deberá remitirla a la autoridad correspondiente a efecto de que sea ésta quien cumpla con la obligación constitucional de dar satisfacción al derecho de petición del ciudadano. Por esto, el SAT no actuó apegado a derecho”, consideró.